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La plataforma contraria a la Educación para la
Ciudadanía está integrada por sesenta instituciones. Según expuso Leonor Tamayo,
portavoz de Profesionales por la Ética, una de las asociaciones alentadoras de
la objeción de conciencia, como una manera de encararse a la laicista
disciplina.
En relación con al papeleo de las objeciones de
conciencia, la plataforma suscita que se presente en las Consejerías de
Educación antes que en los institutos y que éstos obtengan un duplicado de la
instancia. "El cauce natural es el colegio, es éste el que la tiene que
tramitar", afirmó Leonor Tamayo. Sin embargo y para que a los institutos, "ante
los problemas que sufren, no se les presente la situación de no saber qué hacer
con las objeciones de conciencia", la plataforma ofrece canalizarlas sin
franquear la institución educativa.
Tamayo, asimismo notificó acerca de los recientes
datos sobre las objeciones de conciencia contrarias a la disciplina Educación
para la Ciudadanía exhibidas por las plataformas de los progenitores, que
sobrepasan las 30.000 reclamaciones. Sin embargo, la portavoz de Profesionales
para la Ética, opina que "debe haber muchas más, porque numerosos centros las
entregarán al final del curso".
Por otra parte, la justicia de la Comunidad
de Andalucía no ha tenido más remedio que aprobar el torcimiento paradigmático
de la asignatura Educación para la Ciudadanía. El primer veredicto contrario al
texto arribó de una audiencia andaluza ante la que una dama había reivindicado
la objeción de conciencia. En este momento, el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha refrendado como abolidos algunos enunciados incluidos en las
Órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que precisan los
currículos de Primaria y Secundaria Obligatoria en aquella colectividad
andaluza. El fallo ordena que una vez que la sentencia sea indisoluble que, el
mismo Tribunal Supremo, sea el que decrete sobre "la cuestión de ilegalidad" de
los Reales Decretos que afectan a la puesta en marcha de esta asignatura
laicista, Educación para la Ciudadanía.
La legitimidad pone así en peligro esta disciplina
justo cuando algunas comunidades autónomas del Partido Popular se hallaban
prontas para doblegarse ante el adiestramiento laicista proyectado por el
Gobierno de Zapatero.
"El rechazo a participar en la ejecución de una
injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano
fundamental. Quién recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no
sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal,
disciplinar, económico y profesional", afirmó Juan Pablo II.
CLEMENTE FERRER ROSELLÓ
Presidente del Instituto Europeo de Marketing,
Comunicación y Publicidad | 
