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Con motivo de la renovación del
convenio entre la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el
Arzobispado de Madrid, vemos que prosigue la ofensiva del Gobierno contra la
participación de los capellanes católicos en los comités de ética encargados en
los centros sanitarios públicos de estudiar los casos en que se debe aplicar los
cuidados paliativos a enfermos terminales. La vicepresidenta Maria Teresa
Fernández de la Vega ha anunciado que lo llevaran a la fiscalía alegando que en
el Sistema Nacional de Salud no se puede "imponer a los pacientes criterios
basados en creencias religiosas" Recordemos que el sistema nacional lo pagamos
todos, yo llevo más de 4o años cotizando.
No deja de resultar llamativo que la portavoz del
Gobierno, como ya hiciera el día anterior el diputado socialista, Álvaro Cuesta,
ocultara a la opinión pública que el convenio en cuestión es una renovación del
ya suscrito en 1997 y que deriva de otro firmado por el Gobierno entonces
presidido por el socialista Felipe González y la Conferencia Episcopal en 1985,
en el marco de la libertad religiosa reconocida por la Constitución. Igualmente
llama la atención que la señora De la Vega, tal y como viene haciendo el
Gobierno cada vez que ha emprendido algún ataque a la Iglesia católica, insista
en que "no se pueden imponer creencias religiosas" pero, en cambio, considere
legítimo que si se pueda imponer la ideología de su partido.
José Morales Martín |
