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El aborto siempre es detestable, no sólo por ser delito (en
España es delito despenalizado en tres supuestos), sino, sobre todo, porque
es un atentado horrible contra la vida más inocente: la del niño camino de su
nacimiento, digno del amparo de sus padres, de la sociedad y de los poderes
públicos. Josep Miró, presidente de E-cristians, revela que en España la
legislación que reglamenta las prerrogativas concretas en que el aborto no es
punible tiene una regulación mínima, porque las regencias públicas no han
anhelado mejorarla. "No existe ningún control previo, durante o posterior al
proceso que permita detectar irregularidades. La carencia es tan grave, que si
en este ámbito se aplicara la normativa habitual en materia de talas forestales,
el número de abortos disminuiría en gran medida. En España es más difícil cortar
un árbol ilegalmente que cometer un aborto".
La exigua proporción de abortos que se ejecutan en los
sanatorios públicos no se debe a la objeción de conciencia de los médicos, sino
a que se ve mas ventajoso encaminar hacia clínicas privadas los abortos que no
están palmariamente tipificados. "Esto explica la baja participación de los
hospitales públicos en los abortos, y el escaso número de casos por enfermedad
mental de la madre que se da en los mismos, cuando en las estadísticas sobre
aborto significan más del 95 por ciento del total".
La sanidad pública, sigue aclarando Miró, ha implantado un
procedimiento para donar fondos públicos a las clínicas abortistas, de dos
formas: "Una mediante un acuerdo con una fundación privada, que, con dinero de
los contribuyentes, subvenciona a las mujeres que quieren abortar. El Ministerio
de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas son los agentes que lo
financian. La segunda vía consiste en establecer convenios entre las Comunidades
Autónomas y las clínicas abortistas".
El sistema se presta a abusos probados. "Los médicos
psiquiatras que determinan el riesgo grave de salud para la madre están a sueldo
de la propia clínica que hace el aborto, y sus dictámenes no están sometidos a
ningún control, ni de la Administración ni del Colegio de Médicos".
Los fondos de la sanidad pública aviva así substanciosos
contratos privados con las clínicas abortistas. "Aquello que no se hace en las
prestaciones sanitarias obligatorias, el desviar a los centros privados enfermos
para evitar riesgos o largas y angustiosas esperas, se hace con el aborto. El
resultado es una verdadera política de fomento del aborto, a pesar de que la
mayor amenaza para el bienestar y la prosperidad de nuestro país es la crisis de
la natalidad".
CLEMENTE FERRER
ROSELLÓ
Presidente del Instituto Europeo
de Marketing, Comunicación y Publicidad |
