Un día después del inicio de la operación policial y judicial contra cuatro clínicas de Barcelona acusadas de practicar de forma reiterada abortos ilegales, que se salda de momento con seis detenidos, la investigación de este caso, que lidera la Guardia Civil bajo las órdenes del Juzgado de instrucción 33 de la capital catalana y la Fiscalía, sigue abierta y asoman, entre el silencio impuesto por el sumario, algunos detalles terribles.
Fuentes cercanas al caso aseguran a ABC que durante los registros practicados anteayer a las cuatro clínicas implicadas -Ginemedex, Barnamedic, Emece y TCB-, que no han sido de momento cerradas, se hallaron máquinas trituradoras de fetos conectadas a los desagües, motivo por el cual se analizaran dichas tuberías para intentar hallar restos de ADN. En concreto, según estas fuentes, se encontró una máquina trituradora en la Clínica Ginemedex y los restos de la instalación de otra en otra clínica, TCB. Estas máquinas trituran los fetos-bebés de grandes dimensiones y los reducen a una pasta que luego presuntamente se hacía desaparecer por un desagüe. Así, se borraba la «prueba del delito» y se evitaba la obligación legal de llevar estos «residuos orgánicos reconocibles» a incinerar.
Penas más altas
Los seis detenidos por esta operación, al frente de los cuales está el doctor Carlos Morín como responsable máximo de tres de las clínicas investigadas -Ginemedex, TCB, Barnamedic-, y vinculado a Emece, seguían ayer detenidos en las dependencias de la Guardia Civil de Barcelona. Pasarán a disposición judicial entre hoy y mañana. No se descarta que en un futuro haya más detenidos, que los registros se extiendan a otras clínicas de España, como la que el propio Morín tiene en Madrid, ClinicalBCM, y que se acabe por imputar a mujeres que accedieron a abortar de manera ilegal.
La juez que instruye el caso ve indicios para imputar a los seis detenidos un delito de asociación ilícita -que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel-, además del de aborto ilegal, falsedad documental e intrusismo profesional, según consta en el auto de entrada y registro de las clínicas y del domicilio de Morín que fue ejecutado anteayer.
Además de Morín, entre los detenidos, cuya identidad no ha trascendido oficialmente, está su mujer, María Luisa Durán Salmerón, que gestionaba la clínica TCB, y el doctor Pedro Ávila, de origen cubano, que según pudo saber ABC ejercía de anestesista sin tener ésta titulación.
En cuanto a la posible imputación por asociación delictiva, abonaría esta teoría los resultados de las pesquisas realizadas, mediante «pinchazos» telefónicos por la Benemérita. Así, por ejemplo, en el caso de la Clínica Emece, cuyo máximo responsable no es Morín, se sospecha de que alguien de este centro «trabajaba» para proporcionarle a él clientes.
Por otra parte, las reacciones a este caso se suceden. La Generalitat intentó justificar su triste papel, después de que las inspecciones a algunas de las clínicas investigadas que realizó se cerraran sólo con multas de 3.000 euros por «irregularidades administrativas». La portavoz del Gobierno catalán, Aurora Massip, aseguró que no tienen «más potestades» que las que ya ejercieron.
Finalmente, el sindicato CC.OO. pidió la libertad de los seis detenidos y exigió una nueva ley del aborto «que respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo».
