Abren un procedimiento a los empresarios que relacionaron a Zaplana con el cobro de comisiones ilegales.

Por rsd - 7 de Noviembre, 2007, 17:59, Categoría: General

El magistrado de instrucción número 18 de Valencia ha abierto procedimiento abreviado por un presunto delito de calumnias a los empresarios Antonio Vicente Moreno Carpio y José Herrero García contra los que se querelló el ex presidente de la Generalitat y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, tras difundirse la grabación de unas conversaciones entre ambos empresarios y los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such, en las que se le vinculaba con el cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque temático de Benidorm (Alicante) Terra Mítica .
 
Así lo indicaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), quienes concretaron que el procedimiento se ha abierto por un presunto delito de calumnias pero sin publicidad, al no apreciar esta intención el magistrado.
 
Las mismas fuentes recordaron que el hecho de que la presunta calumnia se dirija contra una persona constituida en autoridad por hechos concernientes a su cargo "justifica" la intervención del ministerio fiscal en este procedimiento, quien en el plazo de 10 días deberá presentar su escrito de calificación, al igual que la acusación particular, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
 
Zaplana presentó el 17 de mayo del año pasado una querella ante el TSJCV por un presunto delito de calumnias con publicidad o, alternativamente, un supuesto delito de injurias graves con publicidad contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, y los empresarios valencianos que figuran como imputados en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Valencia contra Terra Mítica y una veintena de empresas más por un presunto fraude a la Hacienda Pública por valor de 4,4 millones de euros.
Un día antes, la página web de la Cadena Ser había publicado el contenido de una denuncia presentada ante la Fiscalía del TSJCV por Such y Camarasa en la que informaban de que habían grabado las manifestaciones de los dos empresarios, que les indicaron que durante la ejecución de las obras del parque de Benidorm se habían manipulado facturas por más de 2.000 millones de pesetas para elevar el precio de los trabajos, y se habían pagado comisiones a quien proporcionaba los contratos. Ambos empresarios manifestaron que los sobrecostes y comisiones iban destinados al empresario Vicente Conesa, y que éste decía que "parte se entregaba a Zaplana".
 
 
El contenido de esta querella fue ampliado el día 23 de mayo haciendo referencia a la entrevista publicada por el diario El Mundo con el querellante Moreno Carpio, en la que afirmaba que el diputado y también querellado José Camarasa le ofreció 1,8 millones de euros, contratos con ayuntamientos gobernados por su partido y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria a cambio de inculpar a Zaplana en el cobro de millonarias comisiones por las obras del parque. La representación legal de Eduardo Zaplana indicaba en su querella que el único propósito de los querellados fue el de "difamarle" y "deteriorar" su imagen pública mediante la difusión, a través de los medios de comunicación, del contenido de la denuncia que presentaron previamente ante la Fiscalía.
 
La sala de lo civil y penal del TSJCV acordó en diciembre de 2006 el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los dos diputados del PSPV al considerar que no existía ninguna constancia de que ambos hubieran facilitado personalmente la difusión del contenido de la denuncia presentada ante la Fiscalía en la que comunicaban las reuniones que habían mantenido con los dos empresarios imputados.
 
La causa siguió abierta contra los dos empresarios en el juzgado de instrucción número 18. José Herrero afirmó en su declaración ante el juez que las grabaciones estaban incompletas mientras que Moreno no compareció ya que el magistrado dio como válidas las declaraciones que prestó en su día ante la sala de lo civil y penal del TSJCV.
 
Diario Las Provincias

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